En España en el año 2006 se diseñó la senda para cumplir el Protocolo de Kioto, situándose entonces las emisiones en cerca de un 50% por encima de las emisiones del año base de Kioto (1990). El anterior gobierno del PSOE planeó reducir tales emisiones hasta un +37% y cubrir la diferencia con el objetivo Kioto (+15% sobre las emisiones de 1990), principalmente mediante el uso de los mecanismos de flexibilidad previstos en el propio Protocolo, esto es, comprando créditos. Esto supondría que España tendría que comprar 159 millones de unidades en el exterior.
Posición de los diversos países en 2011 respecto del Protocolo de Kioto.
Firmado y ratificado (Anexo I y II). Firmado y ratificado. Firmado pero con ratificación rechazada. Abandonó. No posicionado.
Los datos de emisiones en lo que llevamos de periodo Kioto
reflejan un escenario aparentemente mejor que el previsto, ya que las
emisiones se han situado en +38% (2008), +26% (2009) y +21,9% (2010), en
los últimos tres años. La media del trienio es +29%, es decir, un 14% por
encima del objetivo Kioto (+15%). Aparentemente estamos en el buen camino
para cumplir con el Protocolo, pero si nos detenemos a analizar lo que subyace
debajo de esas cifras y porcentajes no podemos ser tan optimistas.
Estos datos globales esconden una realidad compleja, ya que
las emisiones se han reducido mucho más en los sectores industrial y de
generación de energía, sin duda en gran parte por efecto de la crisis
económica (sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión) que en
el resto de sectores, los denominados sectores difusos (transporte,
residencial, residuos, etc.), que son responsabilidad del Gobierno.
El protocolo de Kyoto determinó en su momento que son los Gobiernos de cada país
los que reparten los derechos de emisión entre las industrias y generadores de
energía un 45%, y el gobierno un 55%. De
este modo, si en 2010 el sector privado recibió 152,24 millones de derechos y
solo emitió 121 millones, les sobraron derechos que vendieron en el mercado.
Por el contrario, para el resto de sectores, el Gobierno
disponía de 180,9 millones de unidades al año, cuando las emisiones
fueron de 231 millones en 2010, 228 en 2009 y 239 en 2008. Es decir, nos
faltan derechos y por ello España debe acudir a los mercados.
El mercado de venta de emisiones de CO2 es un negocio
poco conocido al que pretendemos arrojar un poco de luz en
este artículo. En España los derechos de emisiones de CO2 se negocian en la web http://www.sendeco2.com/ en la que los
propietarios de derechos de emisiones, tanto empresas como los Gobiernos,
acceden para comprar o vender derechos según convenga.
El funcionamiento es el de la oferta y la demanda, así que
cuando hay mucha actividad económica y por tanto las empresas emiten
CO2 por encima del objetivo previsto, tienen que acudir a comprar para no ser
sancionados. Como la mayoría de las empresas en los ciclos económicos alcistas
están en la misma situación, se demandan derechos y el precio de estos aumenta. Como dato decir que en 2008 llegó a cotizar a 29 euros frente a los 8 euros actuales.
Sin embargo, este modelo ha generado situaciones perversas como
apareció publicado en un artículo de El Pais en el año 2009. Durante años
la industria presionó contra la limitación de emisiones de dióxido de
carbono que imponía el Protocolo de Kioto. Sin embargo, cuando se cumplió el
primer año de entrada en vigor del protocolo, la industria pesada,
especialmente la ligada al sector de la construcción (azulejeras, ladrilleras,
cementeras...), vendió los derechos de emisión de entre 20 y 25 millones de
toneladas, con lo que ingresaron entre 400 y 500 millones de euros, según la
estimación de Ismael Romeo, director general de Sendeco2, la bolsa española de
CO2.
La industria durante estos años de crisis ha paliado la falta de
liquidez y de crédito con la venta masiva de derechos de emisión que recibieron
gratis del Gobierno, vendiendo a empresas energéticas (eléctricas o refinerías)
e inversores internacionales, principalmente sus excedentes de emisiones.
Romeo afirma: "La industria es excedentaria de derechos de
emisión y más en tiempo de crisis y de bajada de producción, con empresas que
han cerrado o que están hibernando. A eso se le suma la dificultad de acceso al
crédito. Por eso han acudido masivamente a la venta de derechos de CO2".
Jordi Ortega, del grupo de trabajo de cambio climático de la
Universidad Carlos III, coincide: "La crisis de liquidez del sector
financiero convierte las emisiones en una fuente para lograr liquidez. Es mucho
más rentable vender emisiones al contado que pedir un préstamo".
En abril de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente repartió unos
100 millones de toneladas de CO2 entre 1.056 instalaciones industriales. Ése
era el dióxido de carbono que podían emitir gratis dentro del reparto de la UE
para cumplir Kioto. "Las asignaciones del dióxido de carbono en el periodo
2008-2012 fueron inferiores a las asignadas en 2005, pero muy por encima, no
sólo de las emisiones de 2005, sino sobre las expectativas de incremento del
producto interior bruto", explica Ortega: "Ha habido un error al
asignar las emisiones, se debía haber hecho en función de la producción. No
podemos primar a empresas que cierran y despiden a gente y que encima se lucran”.
Los ecologistas siempre denunciaron que esa asignación fue
demasiado generosa con la industria y que por eso el mercado de CO2 no reducirá
las emisiones. La idea original del mercado era que las empresas invirtieran en
tecnología para emitir menos y vender las emisiones, no que pudieran llegar a
cerrar para vender el derecho de emisión.
Como sobra CO2 y falta crédito, Sendeco2 ha tramitado numerosas
peticiones de venta de derechos, especialmente de sectores muy atomizados, sin
posibilidad de reconversión ni de inversión (como las ladrilleras). Uno de los
mejores ejemplos está en Bailén (Jaén), donde hay 38 instalaciones afectadas
por el Protocolo de Kioto. Son empresas pequeñas que, con la crisis del
ladrillo, funcionan al ralentí. Cuando Sendeco2 dio allí una charla para
explicar las posibilidades que ofrecía la venta de derechos, la mayoría se
apuntaron. Algunas han evitado el cierre y mantenido una actividad testimonial
para poder vender los derechos de emisión, ya que los perderían si suspendieran
pagos, según fuentes del sector. Lo mismo ha ocurrido en zonas como Castellón o
Toledo, que concentran actividad industrial contaminante principalmente del
sector de la construcción.
Además, las empresas españolas partían con ventaja porque España
fue de los primeros países en asignar sus derechos en la UE. En primavera y
verano de 2008, cuando la crisis no parecía tan grave y se pensaba que
faltarían derechos, muchos pudieron vender antes que las empresas de otros
países europeos en unas condiciones muy ventajosas puesto que el precio de la tonelada de CO2 llegó entonces a
los 29 euros.
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| Autor: Robert A. Rhode |
A finales de 2008 la crisis provocó una bajada de emisiones
en el sector industrial, hubo por tanto más liquidez de derechos y por tanto
una caída del precio de la tonelada. El problema del descenso del valor del CO2
es que puede condicionar la política energética y lastrar la lucha contra el
cambio climático. En 2007, cuando se desplomó el precio, las eléctricas no
tuvieron problema en poner en marcha las centrales de carbón -pese a ser más
contaminantes- para producir electricidad.
A día de hoy el Gobierno tiene la obligación de avanzar en la
reducción de las emisiones de CO2 en los sectores difusos para no verse abocado
a comprar derechos de emisión en el mercado. El pasado 1 de Febrero se produjo la comparecencia del Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ante la Comisión del Congreso en la
que expuso las líneas maestras de su ministerio para la actual legislatura. En lo
referente a cambio climático planteó las siguientes acciones:
1. Impulsar la rehabilitación de viviendas, con especial atención a los aislamientos, calefacciones y aires acondicionados, es decir buscando la mayor eficiencia energética de los edificios.
2. Avanzar en la certificación energética de edificios.
3. Apoyar y coordinar los planes de movilidad urbana de las grandes ciudades.
4. Establecer planes de movilidad en grandes empresas (facilitar uso del transporte público o transportes comunes para los empleados).
5. Impulsar el uso del Abono transporte por parte de las empresas (desgravación a las empresas que lo den a sus empleados, computar parte del salario como bono transporte que no tributa)
6. Impulsar, en el sector del automóvil, el desarrollo de vehículos limpios (vehículo eléctrico).
7. Apoyar el ferrocarril para el transporte de mercancías. En España estamos en torno al 3% de transporte de mercancías por ferrocarril y deberíamos llegar a la media europea (10%).
8. Incentivos a las empresas para que calculen su huella de carbono y establezcan planes propios de reducción de la misma. (Estos planes además, reducirán sus consumos de energía pues sin duda irán unidos a la mejora de su eficiencia energética).
Se tratan de medidas muy ambiciosas, y largamente esperadas, sobre todo en lo referente a la edificación, que esperemos no se queden en papel mojado y permitan el desarrollo de actividad productiva en un sector tan castigado por la crisis económica como el de la construcción. Ahora toca cuadrar los números para conjugar unas políticas de estímulo a la rehabilitación de viviendas económicamente sostenibles en las actuales circunstancias de crisis y austeridad económica del Gobierno.
Fuente: El País, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
